El gobierno decide por tí. ||Blog El Sonar

19 abril, 2018

Un asunto en principio tan aséptico como los subsidios estatales para trabajos de verano de estudiantes se ha convertido en Canadá en una polémica sobre la libertad religiosa y la autonomía de las organizaciones civiles. El gobierno federal da ayudas a pequeñas empresas, entidades sin ánimo de lucro y organizaciones del sector público que emplean a estudiantes durante el verano. Buena parte de estos trabajos son ofrecidos por organizaciones religiosas, que cuentan con los jóvenes para desarrollar actividades relacionadas con campamentos de verano, atención a ancianos, pobres y personas necesitadas en general.

Cabe esperar que el Estado exija a estas organizaciones que respeten las reglas laborales, de modo que no den lugar a una explotación de estos jóvenes trabajadores. Sin embargo, la convocatoria de este año mantiene una exigencia que no tiene nada que ver con las condiciones laborales. Las entidades solicitantes de estas ayudas deben firmar una declaración en la que manifiestan que su misión principal (“core mandate”) y el puesto de trabajo ofrecido respetan los derechos humanos en Canadá, incluidos “los derechos reproductivos”, es decir, el acceso al aborto, así como la no discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Como los trabajos de verano a los que se refiere el programa no tienen nada que ver con el aborto, el hecho de exigir esta declaración de conformidad solo puede ser visto como un test ideológico. Es decir, si uno no defiende el derecho (no reproductivo) al aborto o mantiene una concepción “tradicional” del matrimonio, pasa a ser mal visto por el gobierno y no tiene derecho a recibir fondos públicos para empleos de estudiantes. Pero ¿puede exigir el Estado que el uso de fondos públicos esté condicionado al alineamiento con los valores del gobierno?

No quiero ni pensar el escándalo que se produciría si el gobierno de un país donde el aborto es ilegal exigiera, para subvencionar actividades en favor de la mujer, que las organizaciones declararan su adhesión a la legislación vigente sobre el derecho a la vida.

Además, ya que muchas de estas organizaciones canadienses tienen una inspiración religiosa, lo que se plantea es en virtud de qué el gobierno pretende decidir si su “misión principal” es o no aceptable. ¿No vale aquí la separación entre la Iglesia y el Estado? Más bien parece que existe un confesionalismo políticamente correcto, que obligaría a las Iglesias a hacer suyos los valores del gobierno.

No es extraño que el rechazo de esta exigencia haya unido a cristianos, musulmanes y judíos, en una declaración común en la que afirman: “Los cambios en las directrices y en las solicitudes del programa de empleos de verano no solo violan las libertades fundamentales de las organizaciones de inspiración religiosa, sino que también afectan a las comunidades a las que sirven con sus programas, que a menudo son las más vulnerables de la sociedad canadiense”.

A pesar del rechazo de las organizaciones religiosas y de su entrevista con el ministro de Trabajo, por el momento no ha habido cambios sustanciales. Según datos de los obispos católicos, más de 1.400 solicitudes han sido denegadas, frente a solo 126 en 2017.

La evolución de Canadá es típica de la deriva del derecho al aborto. Cuando se trata de legalizarlo, se aduce el derecho de la mujer a decidir, se asegura que hay que respetar la conciencia individual y se garantiza que el reconocimiento de esa libertad no mermará las libertades de los demás. Una vez legalizado como derecho, cualquier restricción es un atentado a la libertad de la mujer: de hecho, en Canadá ni tan siquiera existe una ley para regular el aborto, que puede realizarse en cualquier plazo y sin condiciones. Luego el respeto a la conciencia individual pasa a ser selectivo, y los médicos objetores de conciencia son descalificados como obstructores de un derecho y, por lo menos, obligados a buscar a la paciente otro médico dispuesto a realizar el aborto.

La libertad de expresión sobre el tema también se ve recortada. Así ocurrió en Francia cuando en la etapa final del presidente Hollande se aprobó una ley que permite cerrar webs acusadas de ofrecer una información “engañosa” sobre el aborto o que intente disuadir a las mujeres de recurrir a la interrupción del embarazo.

Pero el gobierno de Justin Trudeau ha dado un paso más, al convertir la defensa del derecho al aborto en una condición sine qua non para recibir fondos públicos.

Ahora en Irlanda o Argentina se plantea la legalización del aborto como una cuestión de libertad. Pues no estaría de más mirar a Canadá para comprobar que el derecho a decidir de unas acaba suprimiendo el derecho de otros a decidir sobre las propias convicciones en este tema.

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