Así se están infiltrando en la ONU los lobbies del aborto y LGTB para imponer su agenda en el mundo

24 noviembre, 2017

Naciones Unidas proclama ahora principios totalmente contrarios a lo que proclamó en 1945, cuando se firmó la Carta de San Francisco, acta fundacional; y en 1948, cuando se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Los lobbies abortista y LGTB, con la complicidad de gobiernos (singulamente EEUU) y grandes multinacionales, libran una batalla desde hace décadas para infiltrarse en los distintos organismos de la ONU y alterar los Tratados a fin de imponer sus respectivas agendas.

Lo cual empaña la labor de la organización y desnaturaliza su función.

Aunque no evitó las llamadas “guerras calientes” (Vietnam, Oriente Medio etc.) Naciones Unidas evitó una Tercera Guerra Mundial. Sin duda, su mayor logro. Y tuvo un papel clave en la política disuasoria durante la Guerra Fría para evitar un choque nuclear entre los dos bloques.

También promovió los Derechos Humanos y apostó por la dignidad inviolable de la persona con la Declaración Universal de 1948. Ha reducido la pobreza, combatido las hambrunas y erradicado enfermedades, lo que ha supuesto una considerable rebaja de la mortalidad infantil y un aumento de la esperanza de vida.

Pero su actuación durante las últimas décadas contradice dos de sus banderas definitorias: la paz y los derechos humanos. Los dos ideales que son la razón de ser de Naciones Unidas.

La paz, por su promoción del aborto sin restricciones por todo el mundo, lo cual es la forma más sibilina de violencia (más de 1.000 millones de seres humanos masacrados en el vientre materno, una cifra muy superior a los 200 millones de muertos de las dos guerra mundiales).

“Los hombres y mujeres tienen derecho a casarse” dice el artículo 16 de la Declaración Universal… nada que ver con el matrimonio homosexual

Y los derechos humanos, porque pretende incluir entre ellos el mismo aborto –lo que contradice la Declaración Universal de 1948, que establece el derecho de “todos” a la vida (art. 3)-; y los derechos LGTB, un ataque directo a la familia, lo que también contradice la Declaración al señalar que es el «elemento natural y fundamental de la sociedad» (art. 16). La cual se basa en el matrimonio: “Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia” (art. 16).
Pero las Naciones Unidas del ghanés Kofi Annan (secretario general entre 1997 y 2006), el coreano Ban-ki moon (2006-2016) y del portugués Antonio Guterres (actual secretario general) han hecho suya la agenda LGTB y de la cultura de la muerte y tratan de imponerla al planeta, con una nueva forma de colonialismo.

Todo empezó en los años 70, cuando Naciones Unidas –entonces con el birmano U-Thant al frente- “compró” el mensaje de Paul Ehrlich que decía, en su libro La bomba demográfica (1968), que la superpoblación ponía en peligro el futuro del planeta, y que era preciso frenar la natalidad.
Era el viejo malthusiano, con ropajes ecologistas y un toque apocalíptico que pronto tuvo traducción en Hollywood, con películas sobre el exceso de gente y la falta de alimentos como Cuando el destino nos alcance (Soylent Green) (1974).

La tesis de Ehrlich carecía de rigor científico, pero les vino muy bien a los fabricantes de preservativos y a otras industrias anticonceptivas para extender el negocio al Tercer Mundo.

El Fondo de Población de Naciones Unidas impuso desde entonces programas antinatalistas a los gobiernos de Asia, America del Sur y África a cambio de ayuda económicas.

El problema es que la mayor parte de los gobiernos occidentales estaban de acuerdo –había mucho dinero de las multinacionales farmacéuticas en juego-. Y el que más de acuerdo estaba era Estados Unidos, que pilotó aquella estrategia a escala mundial, con el informe Kissinger como guía.
Henry Kissinger, asesor de Seguridad Nacional de Nixon y amigo de la familia Rockefeller, elaboró en 1974 un Memorando de Estudio de Seguridad Nacional, estrictamente confidencial, titulado «Implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad de los EE.UU. y sus intereses en el extranjero».

El informe Kissinger presentaba el crecimiento de población en el Tercer Mundo como una amenaza para EEUU. Contó con el apoyo de Planned Parenthood

Venía a presentar el crecimiento de la población en los países subdesarrollados como una amenaza para la seguridad de Norteamérica.

Uno de los socios más importantes de la ONU para esta estrategia mundial fue Planned Parenthood, la multinacional del aborto.

Hoy en día la anticoncepción es un negocio redondo cuyos beneficios se reparten las farmacéuticas y la ONU. Estas fabrican a precios bajos en la India, se los venden a Naciones Unidas (por unos 10 centavos) y esta los comercializa triplicando el precio (a 30 centavos).

Lo mismo pasa con la píldora del día después: se adquiere a menos de un dólar y se vende entre 8 y 15 de promedio internacional.

Los DIU o las “espirales” se compran a un precio de entre 3 y 5 dólares; pero para poderlos usar, hay que pagar la consulta del médico y comprarlos a 15 o 20 dólares.

El negocio ha servido para lucrar los bolsillos de las multinacionales farmacéuticas y los funcionarios de Naciones Unidas, para frenar la natalidad en el Tercer Mundo, para multiplicar el aborto y para dañar la salud de la mujer. Durante décadas se ocultaron los efectos secundarios de los contraceptivos… hasta el asunto acabó en los tribunales y multinacionales como la alemana Bayer tiene varios frentes judiciales abiertos por distintas denuncias.

Pero en su origen nadie quería ver el problema: sólo se veía el signo del dólar. Excepto la Iglesia católica, que defendía la dignidad de la persona frente a esa forma de explotación y manipulación que era el antinatalismo. La encíclica Humanae Vitae, de Pablo VI, supuso un jarro de agua fría por su crítica a los anticonceptivos y a la política antinatalista.
Las cosas llegaron al extremo de que hasta el magnate John D. Rockefeller III, fundador del Population Council (Consejo de la Población), dedicada a investigar la anticoncepción, intentó disuadir al pontífice. Rockefeller llegó a buscarse aliados dentro de la Iglesia e incluso hizo una visita personal al Papa.

No lo consiguió, y la Humanae Vitae se publicó, siendo la única voz que defendió la dignidad humana frente a la doble ofensiva de gobiernos y multinacionales, bajo el paraguas de Naciones Unidas.

Esta se dedicó, por ejemplo, a imponer la esterilización. Un ejemplo: en cooperación con el dictador Alberto Fujimori, el Fondo de Población de la ONU esterilizó a 300.000 mujeres pobres en Perú sin su consentimiento y, a menudo, incluso sin su conocimiento. Y en China, fue la ONU la que contribuyó significativamente a la introducción de la brutal política de un solo hijo.
Y el club de las mayores fortunas del planeta (David Rockefeller, Bill Gates, Ted Turner, George Soros, Michael Bloomberg y Warren Buffett) decidió en 2009 que la mejor forma de acabar con el exceso de pobres era conseguir que no tuvieran descendencia.

Con un capital de 36.300 millones de dólares, la Fundación Bill y Melinda Gates financiaron la producción del sistema Sinoplant II, un medicamento que se implanta bajo la piel, y pueden mantener a una mujer estéril hasta cinco años.

Y cada vez que la Iglesia clamaba contra estos abusos, los grandes rotativos norteamericanos salían en defensa del antinatalismo retorciendo los argumentos. Como cuando se publicó lo siguiente sobre Benedicto XVI: «El Papa prohíbe los preservativos: millones mueren de SIDA».

El siguiente paso fue imponer el aborto. Y el organismo volvió a ser el impulsor. Primero vinieron las legislaciones despenalizadoras en Occidente, en los años 60 y 70; después la introducción del aborto en los países en vías de desarrollo -con resistencias de algunos Gobiernos-; y finalmente, a finales del siglo, el abortismo recibió un espaldarazo decisivo con la inclusión del aborto en los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

El Fondo de Población y ONU Mujeres han sido los dos grandes instrumentos de extensión del aborto en el mundo, al presentar cada nuevo embarazo como una amenaza para la integridad de la mujer y una forma de discriminación de género -y así consta en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)-.

Lo último en esta escalada de la cultura de la muerte ha sido declarar la restricción del aborto una violación de los derechos humanos, como ha afirmado este mismo año el Comité de Derechos Humanos… siniestra paradoja: porque la misma ONU que proclama tal cosa es la misma ONU que incluyó el derecho a la vida en la Declaración Universal

¿Por cuánto tiempo seguirá figurando ese derecho en la Declaración Universal? La pregunta no es ociosa porque ahora tratan de convertir el aborto en derecho humano, como consta en los Objetivos de Desarrollo para el Milenio.

Coinciden el Comité de Derechos Humanos y Hillary Clinton: los no nacidos no tienen derecho a la vida

Significativamente el Comité de Derechos Humanos acaba de decir que los niños no nacidos no tienen derecho a la vida.

Una idea que coincide con la frase de Hillary Clinton al decir que el niño en el vientre materno carece de derechos constitucionales. Lo cual no debería extrañar demasiado porque la ex secretaria de Estado de Obama está financiada por el gigante del abortismo, Planned Parenthood.

El otro derecho de la Declaración Universal que Naciones Unidas parece abolir es del matrimonio de un hombre y una mujer y sustituirlo por el matrimonio homosexual, al haberse convertido en abanderada de la perspectiva de Género.

Ya en, 1995, la organización abrazó la ideología de género en la Conferencia de Pekín de la Mujer. Una conferencia controlada por el feminismo radical, tal como denuncia Dale O’Leary en su investigación The Gender Agenda.

Ahora, veinte años después, están consiguiendo que la mayoría de los gobiernos y parlamentos occidentales acepten esa ideología, y redefinan el matrimonio y la familia. La identidad de género es otro de los grandes objetivos de desarrollo del milenio.

Lo han conseguido con una paciente labor de infiltración en el seno de la ONU, con informes surrealistas como “El coste económico de la exclusión LGTB”, presentado en 2015 por Mogens Luykketoft que advertía, con tintes catastrofistas, que según el Banco Mundial, el lastre para el crecimiento económico de un país causado por la exclusión LGBT puede ascender a miles de millones de dólares en pérdida del PIB.

Y han conseguido que organismos de Naciones Unidas financien políticas de género, emanadas de los llamados principios de Yogyakarta (la biblia LGTB).
Y el club de las mayores fortunas del planeta (David Rockefeller, Bill Gates, Ted Turner, George Soros, Michael Bloomberg y Warren Buffett) decidió en 2009 que la mejor forma de acabar con el exceso de pobres era conseguir que no tuvieran descendencia.

Con un capital de 36.300 millones de dólares, la Fundación Bill y Melinda Gates financiaron la producción del sistema Sinoplant II, un medicamento que se implanta bajo la piel, y pueden mantener a una mujer estéril hasta cinco años.

Y cada vez que la Iglesia clamaba contra estos abusos, los grandes rotativos norteamericanos salían en defensa del antinatalismo retorciendo los argumentos. Como cuando se publicó lo siguiente sobre Benedicto XVI: «El Papa prohíbe los preservativos: millones mueren de SIDA».

El siguiente paso fue imponer el aborto. Y el organismo volvió a ser el impulsor. Primero vinieron las legislaciones despenalizadoras en Occidente, en los años 60 y 70; después la introducción del aborto en los países en vías de desarrollo -con resistencias de algunos Gobiernos-; y finalmente, a finales del siglo, el abortismo recibió un espaldarazo decisivo con la inclusión del aborto en los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

El Fondo de Población y ONU Mujeres han sido los dos grandes instrumentos de extensión del aborto en el mundo, al presentar cada nuevo embarazo como una amenaza para la integridad de la mujer y una forma de discriminación de género -y así consta en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)-.

Lo último en esta escalada de la cultura de la muerte ha sido declarar la restricción del aborto una violación de los derechos humanos, como ha afirmado este mismo año el Comité de Derechos Humanos… siniestra paradoja: porque la misma ONU que proclama tal cosa es la misma ONU que incluyó el derecho a la vida en la Declaración Universal

¿Por cuánto tiempo seguirá figurando ese derecho en la Declaración Universal? La pregunta no es ociosa porque ahora tratan de convertir el aborto en derecho humano, como consta en los Objetivos de Desarrollo para el Milenio.

Coinciden el Comité de Derechos Humanos y Hillary Clinton: los no nacidos no tienen derecho a la vida

Significativamente el Comité de Derechos Humanos acaba de decir que los niños no nacidos no tienen derecho a la vida.

Una idea que coincide con la frase de Hillary Clinton al decir que el niño en el vientre materno carece de derechos constitucionales. Lo cual no debería extrañar demasiado porque la ex secretaria de Estado de Obama está financiada por el gigante del abortismo, Planned Parenthood.

El otro derecho de la Declaración Universal que Naciones Unidas parece abolir es del matrimonio de un hombre y una mujer y sustituirlo por el matrimonio homosexual, al haberse convertido en abanderada de la perspectiva de Género.

Ya en, 1995, la organización abrazó la ideología de género en la Conferencia de Pekín de la Mujer. Una conferencia controlada por el feminismo radical, tal como denuncia Dale O’Leary en su investigación The Gender Agenda.

Ahora, veinte años después, están consiguiendo que la mayoría de los gobiernos y parlamentos occidentales acepten esa ideología, y redefinan el matrimonio y la familia. La identidad de género es otro de los grandes objetivos de desarrollo del milenio.

Lo han conseguido con una paciente labor de infiltración en el seno de la ONU, con informes surrealistas como “El coste económico de la exclusión LGTB”, presentado en 2015 por Mogens Luykketoft que advertía, con tintes catastrofistas, que según el Banco Mundial, el lastre para el crecimiento económico de un país causado por la exclusión LGBT puede ascender a miles de millones de dólares en pérdida del PIB.

Y han conseguido que organismos de Naciones Unidas financien políticas de género, emanadas de los llamados principios de Yogyakarta (la biblia LGTB).
Los 29 principios de Yogyakarta carecen de base científica y jurídica: fueron elaborados por un grupo de activistas, sin autorización oficial ni legitimación

Estos 29 principios constituyen un manual detallado para la implantación de la ideología de género en el mundo. Carece de la menor base científica e incluso jurídica, porque fueron elaborados por un grupo de activistas, sin autorización oficial ni legitimación, que proclamaron una reformulación de los derechos humanos en la ciudad indonesia de Yogyakarta, en 2007. Los presentaron al público en la sede de la ONU en Ginebra para darles una aureola de autoridad.

Naciones Unidas “compró” el mensaje y está financiando su implantación. Millones y millones están yendo a parar desde hace diez años a la agenda LGTBI mediante suborganizaciones oficiales de la ONU (y también de la Unión Europea) así como de fundaciones privadas (Rockefeller, Ford, Bill & Melinda Gates, etc.). Lo cual queda encubierto como parte de sus presupuestos oficiales.

Es importante subrayar la labor de infiltración del lobby LGTB en organismos de Naciones Unidas y como éstos a su vez terminan influyendo en gobiernos y parlamentos.

Los Órganos de los Tratados de las Naciones Unidas desempeñan un papel especial para transmitir la agenda LGTBI. Los miembros no son elegidos democráticamente, sino que son delegados por los estados miembros, y no son responsables ante los gobiernos de sus países de origen.

Pero tienen la aureola moral de Naciones Unidas: representan en cierta forma la autoridad de la ONU y exigen que los gobiernos de los estados soberanos sean responsables de la aplicación de los derechos humanos como los delegados los interpretan y «desarrollan».

Ganados los partidos, se ganan los parlamentos, y ganados los parlamentos, es posible alterar las legislaciones

Es una forma sibilina de ejercer influencia sobre los partidos políticos de cada país, que tratan de captar el voto LGTB, una porción minoritaria del electorado pero inflada por los medios de comunicación. Ganados los partidos, se ganan los parlamentos, y ganados los parlamentos, es posible alterar las legislaciones.

Desde diciembre de 2016, la propia Asamblea General de Naciones Unidas votó por el establecimiento de un experto independiente en orientación sexual y en identidad de género, con un pequeño margen de 84 contra 77 votos. Se trata de un profesor tailandés de Derecho internacional, Vitit Muntarbhorn, una especie de comisario de Naciones Unidas para imponer la ideología de género.

El pretexto -como siempre- es luchar contra la discriminación por orientación sexual y acabar con la violencia contra las personas LGTB -lo que en teoría es un fin loable-, pero entre sus objetivos destaca:

– Despenalizar la sodomía.

– Impedir que profesionales de la salud mental traten la homosexualidad y la transexualidad como un trastorno psicológico.

– Asegurar que los documentos jurídicos reflejan la identidad de género subjetiva de los individuos.

– Imponer la aceptación social de la homosexualidad.

– Adoctrinar a los niños mediante la propaganda LGTB.

Esta forma de infiltrarse es doblemente eficaz si el secretario general está por labor. Y Ban ki-mon, secretario general hasta el año pasado, lo ha estado. Y el actual, el católico portugués Antonio Guterres, aunque menos beligerante, no parece oponerse ni a la agenda LGTB ni a la abortista.

Dos botones de muestra. En el informe “Una Humanidad: Responsabilidad compartida”, Ban ki-moon pedía a los gobiernos incluir el derecho al aborto y los derechos LGBT en sus esfuerzos para hacer frente a los objetivos humanitarios de desarrollo sostenible, un nuevo plan masivo 15 años, aprobado por la Asamblea General.

Y el mandatario aprovechó la Cumbre Humanitaria de la ONU (Estambul 2016) para obtener el consentimiento tácito a su acercamiento a los Objetivos de desarrollo sostenible en un entorno en el que las naciones que se oponen al aborto y los derechos LGBT queden en desventaja.

La cumbre fue convocada por el propio Ban Ki-moon y estaba controlada completamente por su personal, en particular la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, que elaboró el informe, y la Secretaría de la Cumbre Humanitaria Mundial.

Y finalizó su mandato al frente de la organización con dos tracas finales proLGTB. Por un lado, lanzó y defendió una emisión de sellos de correos sobre la homosexualidad, la transexualidad y la “crianza” homosexual; y por otro, pronunció un inequívoco discurso con el que se despidió de la Asamblea General, atacando a la religión y defendiendo el lobby LGTB .

La ONU estudia crear un comisario de los derechos LGTB para vigilar a los Gobiernos

Aunque ningún tratado de la ONU incluye los derechos LGBT y 76 países del mundo prohíben explícitamente la sodomía en sus leyes, el lobby ha logrado controlar los resortes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad y ha conseguido impulsar la agenda LGTB, con imposiciones que vulneran la soberanía de las naciones.
Véase el intento de crear la figura de un comisario de los derechos LGTB que vigile el cumplimiento de esos supuestos derechos. Una especie de Policía LGTB. El año pasado se registró una resolución ante el Consejo de los Derechos Humanos de Ginebra, patrocinada por países latinoamericanos, y por Estados Unidos -entonces bajo el mandato del pro-LGTB Obama-.

La Casa Blanca había ensayado previamente la fórmula con un relator LGTB, nombrado por el Departamento de Estado. Se trataba de Randy Berry, diplomático homosexual, para que actuase como embajador del colectivo gay en todo el mundo y en nombre de la poderosa diplomacia estadounidense.

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